Cuando alguien se pregunta si existe igualdad de género en el sector público español, la respuesta podría parecer sencilla. Del total de 2.598.481 personas que trabajan en las administraciones públicas, 56,76% son mujeres, de acuerdo con datos de julio de 2020. Pero un análisis detallado demuestra que aún quedan muchos retos pendientes para acabar con la segregación vertical y horizontal, y alcanzar así una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
The III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, aprobado en diciembre de 2020, destaca que la mayoría de los puestos interinos y temporales están ocupados por mujeres, que hay una mayor cantidad de mujeres en áreas sociales y administrativas, mientras que los hombres son mayoría en áreas tecnológicas y relacionadas con la seguridad (segregación horizontal), y que hay más hombres que mujeres en altos cargos (segregación vertical). Estas diferencias de género se asientan en factores sociales y culturales, entre los que se cuentan las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral (las mujeres siguen dedicando más horas a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y otros familiares), o las diferencias de género en las formas de acceder a cargos de mayor responsabilidad. A su vez, estas situaciones podrían explicarse por la prevalencia de estereotipos que siguen perpetuando los roles de género. Es decir, las administraciones públicas no son ajenas a estas dinámicas que afectan especialmente la vida de las mujeres.
Poniendo la lupa en las áreas tecnológicas
Las áreas de la administración pública que se relacionan con la tecnología están, en términos generales, masculinizadas. En el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado y en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social, las mujeres ocupan 30% de los cargos. En el nivel A2 ocurre prácticamente lo mismo: 32% de los programadores de informática de la Seguridad Social son mujeres, y 29% de los puestos en el área de gestión de sistemas e informática de la Administración General del Estado están ocupados por mujeres.
Si tomamos en cuenta los datos de los ministerios, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital escapa a esta tendencia, pues cuenta con 50,7% de mujeres entre su personal. Sin embargo, con la información disponible no es posible saber las cifras desagregadas por sexo de cada secretaría, por lo que quedan dudas sobre el número de mujeres que forman parte de las dos secretarías relacionadas directamente con la digitalización y la tecnología.
La masculinización de la tecnología en las administraciones públicas españolas coincide con patrones internacionales: de los casi 8 millones de especialistas TIC que están en Europa, apenas 17% son mujeres. Se ha documentado que hay grandes diferencias de género en las motivaciones para escoger carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), una situación en la que influyen los estereotipos de género asociados a la tecnología.
Tal como señala el informe I’d Blush if I Could. Closing Gender Divides in Digital Skills through Education, publicado por la UNESCO en 2019, hubo un momento de la historia en el que los trabajos tecnológicos estaban feminizados. Después de la Segunda Guerra Mundial, las tareas de programación se asignaban especialmente a las mujeres, debido al estereotipo que las consideraba más meticulosas y capacitadas para seguir instrucciones. Con el paso del tiempo, a medida que la tecnología fue alcanzando cada vez más importancia en la sociedad, las carreras tecnológicas empezaron a ganar más prestigio y las mujeres quedaron desplazadas. Los estereotipos que asocian las habilidades tecnológicas con el género masculino se extendieron, y hasta ahora siguen influyendo en la autoconcepción de las niñas y jóvenes sobre sus propias capacidades para desarrollar estas actividades.
En este sentido, la falta de mujeres en las áreas tecnológicas de las administraciones públicas responde a un fenómeno complejo de masculinización de la tecnología, que está muy enraizado en normas culturales. Pero ¿por qué debe importarnos? ¿Por qué esto es realmente un problema? En primer lugar, la promoción de la igualdad entre todas las personas debe considerar necesariamente la igualdad entre hombres y mujeres, que es además uno de los objetivos de la Unión Europea. Y este propósito aplica a todos los ámbitos, incluyendo el sector público. Por lo tanto, las administraciones públicas españolas deben preocuparse para que este objetivo europeo se aplique en sus propias estructuras.
Ahora, más allá de la necesidad de promover la igualdad como un objetivo en sí mismo, la igualdad de género en las administraciones públicas podría contribuir al propio desempeño de las organizaciones. Si bien los resultados no son concluyentes, de acuerdo con algunos estudios de la teoría de la burocracia representativa, la representación de mujeres y personas de diversas razas puede influir en la legitimidad de las instituciones democráticas, y en la eficiencia y efectividad de las administraciones. Si a esto le sumamos que las tecnologías de la información y comunicación han significado un cambio fundamental del sector público y que la transformación digital se ha convertido en una prioridad para la UE y España, se puede entender la importancia de reducir las brechas de género en las áreas tecnológicas de las administraciones públicas.
Para lograr esta meta, el Gobierno español cuenta con algunas políticas. La Estrategia España Digital 2025 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial incluyen algunas metas relacionadas con la reducción de las brechas de género, tanto en la formación para habilidades digitales durante todas las fases de la vida como en el liderazgo de las mujeres en ámbitos tecnológicos. Más concretamente, el III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado destaca la necesidad de “potenciar la captación de talento femenino en aquellos cuerpos con base en educación STEM” y promover la formación STEM de las funcionarias que ya forman parte de la administración.
Estos documentos ofrecen un punto de partida importante para avanzar hacia una mayor igualdad de género en estas áreas tecnológicas. Pero el esfuerzo debe ser sostenido y multidimensional. Para acabar con los estereotipos de género, hace falta un trabajo de sensibilización con el apoyo de una diversidad de actores: se deben hacer intervenciones educativas, iniciativas dirigidas a la población en general, campañas en el sector privado, etc., a la par que hay que fomentar la investigación sobre estos temas. También se debe pensar en la igualdad más allá de los números, y garantizar que las mujeres sean escuchadas en los espacios de toma de decisiones y en las dinámicas laborales cotidianas. Las administraciones públicas tienen la oportunidad de asumir un rol protagónico en esta ruta.
Ariana Guevara Gómez. Candidata a doctora, Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid.