Las políticas públicas de justicia transicional se enfrentan hoy a un desafío tan complejo como estratégico: gestionar, preservar e interpretar el inmenso patrimonio documental producido en contextos de conflictos armados, dictaduras y violaciones masivas de derechos humanos. Testimonios de víctimas, expedientes judiciales, archivos de comisiones de la verdad, registros forenses, documentación administrativa y fondos audiovisuales constituyen un acervo esencial para garantizar el derecho a la verdad, promover la rendición de cuentas, diseñar políticas de reparación y contribuir a la construcción de una memoria para las nuevas generaciones.
De forma paralela, la inteligencia artificial está transformando de manera profunda las capacidades de la administración pública contemporánea. Más allá de la automatización de tareas, el desarrollo de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de entidades, visión artificial y grafos de conocimiento está permitiendo analizar grandes volúmenes de información, establecer relaciones complejas entre documentos, mejorar la interoperabilidad entre sistemas y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia. En este sentido, y siempre que se aplique con garantías éticas, transparencia y supervisión humana, este conjunto de herramientas abre nuevas posibilidades para reforzar la acción pública.
En el ámbito específico de la justicia transicional, esta convergencia entre tecnologías digitales avanzadas e instituciones de memoria adquiere una relevancia particular. Lejos de sustituir el trabajo de juristas, archivistas, historiadores o investigadores sociales, la inteligencia artificial puede ampliar de manera significativa sus capacidades para identificar patrones de violencia, reconstruir cadenas de responsabilidad, localizar documentación dispersa, facilitar el acceso a los archivos y generar nuevo conocimiento a partir de fuentes históricas de alta complejidad.
En esta línea, ya existen proyectos de investigación que ilustran estas transformaciones. En Chile, el proyecto Nuestra MemorIA, financiado por Fondecyt de Exploración y desarrollado por investigadores de la Universidad Alberto Hurtado y la Pontificia Universidad Católica de Chile, explora el uso de inteligencia artificial para el análisis de archivos sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de entidades y grafos de conocimiento, el proyecto busca conectar documentos, personas, lugares y acontecimientos con el objetivo de mejorar la organización, interpretación y accesibilidad de estos fondos documentales.
De manera similar, el Legacy Project de la Universidad de Notre Dame trabaja sobre el legado documental de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia. Su propósito es transformar su archivo en una infraestructura digital de conocimiento que permita su consulta, análisis y reutilización por parte de investigadores, instituciones públicas y ciudadanía. En la misma línea, iniciativas como PlanCondor.org muestran cómo la inteligencia artificial puede aplicarse al análisis de archivos transnacionales sobre la Operación Cóndor, combinando reconocimiento óptico de caracteres, procesamiento del lenguaje natural y visualización de redes para reconstruir dinámicas represivas a escala regional.
En conjunto, estas experiencias no representan únicamente una innovación metodológica, sino un cambio más profundo en la forma de concebir las capacidades institucionales de la justicia transicional. Durante décadas, el principal desafío consistió en documentar las violaciones de derechos humanos; en la actualidad, el reto pasa también por hacer inteligible ese inmenso patrimonio documental, garantizar su accesibilidad y transformarlo en conocimiento útil para las instituciones y para la sociedad.
Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no modifica los fines últimos de la justicia transicional —la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición—, pero sí puede transformar de manera significativa las capacidades de los Estados y de las instituciones para alcanzarlos. No se trata, por tanto, de una sustitución de actores ni de una automatización de la justicia, sino de una ampliación de las infraestructuras cognitivas y organizativas que sostienen las políticas públicas de memoria.
Ahora bien, este potencial no está exento de límites. La inteligencia artificial no puede ni debe sustituir la centralidad de las víctimas, el valor del testimonio, las garantías procesales ni las decisiones propias de un Estado de Derecho. Sin embargo, sí puede convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer las capacidades públicas, democratizar el acceso a la información y contribuir a la preservación de la memoria colectiva.
En este sentido, la cuestión ya no es únicamente si la inteligencia artificial tendrá un lugar en la justicia transicional, sino cómo se orientará su desarrollo. La verdadera pregunta es si será posible encauzar estas tecnologías hacia los principios fundacionales de la justicia transicional, garantizando que la verdad permanezca accesible, que la memoria no se diluya con el tiempo y que la tecnología contribuya, también, a la no repetición.
Agata Serranò es Investigadora Senior del Lab ITGesPub (Innovación, Tecnología y Gestión Pública) e Investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, es IP del proyecto de investigación PROMUJER (www.promujerproject.com).
