La transformación digital de las administraciones públicas que implica la inteligencia artificial (IA) no se juega únicamente en los servidores ni en los algoritmos. Se juega, sobre todo, en las personas que los gestionan. Por más sofisticada que sea una herramienta de IA, su valor real depende en última instancia de la capacidad del profesional que la interpreta, la supervisa y la integra en procesos de decisión con consecuencias directas sobre el servicio que presta a la ciudadanía. Esta premisa, que parece evidente, choca con una realidad incómoda: en buena parte de los países de la Unión Europea (UE), las competencias digitales del personal público en materia de IA siguen siendo insuficientes, fragmentarias y escasamente evaluadas.