La adopción de tecnologías digitales en las administraciones públicas está permitiendo a muchas organizaciones mejorar sus procesos de gestión, a la vez que facilitan el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía gracias a los beneficios subyacentes para la transparencia y participación. Sin embargo, muchas de las tecnologías que se están incorporando en el sector público no son desarrollos propios, sino que dependen de grandes corporaciones tecnológicas. Las tensiones geopolíticas actuales, la creciente amenaza del iliberalismo tecnológico y burocrático americano, o la legitimación tecnológica autoritaria de China, entre otros, deberían hacer replantear a los gobiernos el encaje de muchas de estas tecnologías propietarias en nuestro sector público, cada vez más cargadas de valores e intereses contrarios a los que las organizaciones públicas deberían promover.