Repensar la justicia transicional en la era de la inteligencia artificial

Las políticas públicas de justicia transicional se enfrentan hoy a un desafío tan complejo como estratégico: gestionar, preservar e interpretar el inmenso patrimonio documental producido en contextos de conflictos armados, dictaduras y violaciones masivas de derechos humanos. Testimonios de víctimas, expedientes judiciales, archivos de comisiones de la verdad, registros forenses, documentación administrativa y fondos audiovisuales constituyen un acervo esencial para garantizar el derecho a la verdad, promover la rendición de cuentas, diseñar políticas de reparación y contribuir a la construcción de una memoria para las nuevas generaciones.

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Presentación en el INAP del libro “La adopción de la inteligencia artificial en las Administraciones Públicas”

Mesa de ponentes

El 24 de marzo de 2026 se presentó la obra colectiva La adopción de la inteligencia artificial en las Administraciones Públicas, co-editada por J. Ignacio Criado, Julián Villodre y Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Este encuentro sirvió para reflexionar sobre las potencialidades y retos del diseño, implementación y uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el contexto específico del sector público, así como destacar la relevancia de este libro, en el que participaron más de 20 investigadores/as de un total de 11 centros de investigación (CSIC) y universidades españolas.

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Personal público vs IA: el reto competencial que la Unión Europea no puede ignorar

La imagen representa a una funcionaria pública haciendo un pulso con un robot humanoide.

La transformación digital de las administraciones públicas que implica la inteligencia artificial (IA) no se juega únicamente en los servidores ni en los algoritmos. Se juega, sobre todo, en las personas que los gestionan. Por más sofisticada que sea una herramienta de IA, su valor real depende en última instancia de la capacidad del profesional que la interpreta, la supervisa y la integra en procesos de decisión con consecuencias directas sobre el servicio que presta a la ciudadanía. Esta premisa, que parece evidente, choca con una realidad incómoda: en buena parte de los países de la Unión Europea (UE), las competencias digitales del personal público en materia de IA siguen siendo insuficientes, fragmentarias y escasamente evaluadas.

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