La adopción de tecnologías digitales en las administraciones públicas está permitiendo a muchas organizaciones mejorar sus procesos de gestión, a la vez que facilitan el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía gracias a los beneficios subyacentes para la transparencia y participación. Sin embargo, muchas de las tecnologías que se están incorporando en el sector público no son desarrollos propios, sino que dependen de grandes corporaciones tecnológicas. Las tensiones geopolíticas actuales, la creciente amenaza del iliberalismo tecnológico y burocrático americano, o la legitimación tecnológica autoritaria de China, entre otros, deberían hacer replantear a los gobiernos el encaje de muchas de estas tecnologías propietarias en nuestro sector público, cada vez más cargadas de valores e intereses contrarios a los que las organizaciones públicas deberían promover.
Así, diferentes conceptos, desde la soberanía digital (vinculada a la autoridad de los Estados para ejercer control efectivo sobre su entorno digital), a la autonomía digital (vinculada a la capacidad de las organizaciones para tomar decisiones sobre qué tecnologías adoptar, cómo ejercer control sobre sus datos…), están surgiendo con fuerza en los discursos tanto de académicos como de profesionales públicos. En esta entrada de blog, me gustaría centrarme en las universidades públicas. Un tipo de administración donde la autonomía digital se vuelve compleja, dados los debates sobre la función de las universidades como garantes del acceso al conocimiento, su función social y de coherencia formativa. Y con crecientes movimientos a nivel europeo (y en España) entre académicos y estudiantes para impulsar iniciativas de autonomía digital en sus centros.
¿Por qué es importante la autonomía digital en las universidades públicas?
Hablar de autonomía digital en las universidades públicas es, casi de inmediato, una invocación a valores abstractos sobre el rol de las universidades como salvaguarda del conocimiento, la importancia de la universidad como espacio de contestación, o simplemente la crítica acérrima a una serie de aspectos negativos compartidos con otras organizaciones, desde dependencia de proveedores de la nube, hasta cuestiones como la privacidad o el uso de fondos públicos para la contratación de servicios IT costosos para el contribuyente. Esta amalgama de debates, sin embargo, solo reflejan un desafío claro a la hora de definir el problema de la autonomía digital en las universidades públicas.
En un working paper de 2025, el profesor Titus Stahl, de la Universidad de Groningen, ha tratado de proveer un marco teórico-práctico para aproximar esta problemática, focalizado en un valor que constituye el punto de partida de toda discusión: la libertad académica. La libertad académica es fundamental, ya que protege las prácticas universitarias que promueven la libertad individual (que las personas estén libres de coacción y dominación) y la idea de auto-gobierno (que las salvaguardas normativas que protegen esas libertades no sólo se apliquen, sino también que sean desarrolladas por los propios individuos, como resultado de decisiones democráticas). De estas dos características, Stahl deriva cuatro grandes funciones que las universidades cumplen en la sociedad, amparadas por la libertad académica: a) generan y transmiten conocimiento que permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas; b) fomentan el espíritu crítico, esencial para la formación de una ciudadanía; c) constituyen un ejemplo de debate democrático y cívico; y d) ayudan a las pre-condiciones económicas de las democracias, permitiendo un florecimiento en base al conocimiento y la educación.
A su vez, para Stahl, la protección de esas funciones requiere del desarrollo de, al menos, tres tipos distintos de autonomía: i) la autonomía individual de los investigadores, profesores y estudiantes para desarrollarse; ii) la autonomía académica colectiva para gobernar los estándares universitarios y la integridad académica; y iii) la autonomía institucional de las universidades para fijar sus políticas. La dependencia tecnológica puede amenazar directamente a las diferentes autonomías, afectando al desarrollo de las funciones sociales y democráticas de las universidades públicas. Por un lado, se produce una dependencia económica, cuando un proveedor o servicio se convierte en clave para el desarrollo y funcionamiento de la universidad, haciendo que en caso de necesidad de cambio, el coste de transferencia a otro proveedor sea complicado; o que si se generan disrupciones operativas en caso de discontinuidad del servicio, la universidad no tenga margen de maniobra; o que se puedan producir cortes y disrupciones por decisiones gubernativas de países proveedores que sean conscientes de esa dependencia. Por otro lado, se produce una dependencia en los datos, particularmente en los servicios de la nube, cuando los proveedores pueden limitar el acceso a información, controlar los flujos de datos y su procesamiento, y controlar el diseño de las plataformas por las que navegan los datos (y, potencialmente, imponer estándares y formas sobre cómo enseñar, evaluar, investigar o comunicarnos con otras personas).
Así, la dependencia digital afecta a la autonomía institucional de las universidades cuando los centros son obligados a asumir costes y condiciones desfavorables que minan sus capacidades financieras, cuando las revistas científicas proveen paquetes cerrados (bundles) de suscripción que limitan la capacidad de decisión sobre qué revistas acceder y cuáles no (y que, además, generan un modelo de barreras al conocimiento entre aquellos con y sin acceso), o cuando obligan a establecer relaciones favorables con gobiernos extranjeros para evitar limitaciones o pérdidas de acceso a datos y recursos vitales para la institución, entre muchos otros ejemplos. La dependencia digital afecta a la autonomía académica colectiva cuando las plataformas se vuelven estrictas respecto a cómo se debe enseñar o facilitar el acceso al conocimiento, por ejemplo, mediante diseños que favorecen tipos de aprendizaje y evaluación concretos. Por último, la dependencia digital afecta a la libertad individual de investigadores, docentes y estudiantes cuando condiciona su percepción de libertad, privacidad de los datos y de la información que generan en estas plataformas, pudiendo potencialmente llegar a coartar sus ideas.
La dependencia tecnológica, por tanto, puede limitar el acceso y la transmisión de conocimiento, afectar al ascensor social universitario, generar brechas en el aprendizaje, coartar el espíritu crítico, y dirigir el debate democrático mediante ejercicios de diseño y manipulación algorítmica. Las capas de esta dependencia abarcan las infraestructuras tecnológicas (particularmente la nube), las plataformas de servicios en línea y software (ofimático, de comunicaciones por videoconferencia, de correo electrónico…), el acceso, gestión y control de los datos académicos y de investigación, el acceso al conocimiento y al proceso de publicación, y cada vez más, los procesos de aprendizaje e investigación potenciados por la Inteligencia Artificial.
¿Cómo pueden las universidades públicas navegar hacia la autonomía digital?
Ante todo esto, un pensamiento probable es optar por la autarquía. La autosuficiencia, sin embargo, a mi modo de ver, es problemática por diversas razones. Primero, en los contextos actuales de interdependencia, las organizaciones públicas no pueden ser autosuficientes, ni es deseable que lo sean. Segundo, las universidades públicas divergen mucho en su tamaño y recursos, generando asimetrías importantes en su acceso y gestión de recursos propios. Y tercero, se podría caer en el error de obviar el poder de la colaboración, del aprovechamiento y reutilización de recursos de otras organizaciones y de las experiencias de la esfera del software libre, que potencialmente pueden ayudar a compartir costes y capacidad técnica para salir de los engranajes de las plataformas propietarias y de las dinámicas de dependencia de ciertos proveedores.
En esa última línea, varias iniciativas y grupos de académicos en toda la Unión Europea están expresando la necesidad de avanzar hacia estrategias de autonomía digital basadas en el control colectivo y la cooperación. En España, colectivos como la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), ya han alzado la voz sobre esta cuestión. A nivel internacional, un documento influyente ha sido la Carta abierta sobre la autonomía digital de las universidades de Países Bajos (Open brief over digitale autonomie van Nederlandse universiteiten), encabezada por los profesores Albert Meijer y la profesora José van Dijck (Universidad de Utrecht), quienes abogan por iniciar un diálogo con instituciones académicas y gobiernos para crear un ecosistema alternativo de infraestructura digital basado en los valores de la cooperación y el control propio. En su carta, consideran las siguientes acciones:
- Analizar, en primer lugar, qué servicios digitales son prestados todavía de forma autónoma, e iniciar planes de salvaguarda para evitar su desmantelamiento.
- Identificar vulnerabilidades y diseñar estrategias de salida para los servicios de la nube que proveen países como Estados Unidos. E iniciar colaboraciones a corto y medio plazo para generar infraestructuras tecnológicas alternativas entre universidades, junto también con la Unión Europea, que reemplacen estos servicios.
- Proporcionar entornos seguros para el almacenamiento y gestión de datos académicos y de investigación.
- Apoyar la experimentación con servicios ya existentes de código abierto. Priorizar también los entornos de aprendizaje de código abierto.
- Explorar la colaboración internacional con diferentes socios de educación superior que compartan estos valores.
La buena noticia para algunas de estas acciones es que se basan en aplicativos que ya están en marcha, o cuya adaptación es sencilla en el corto-medio plazo. Por ejemplo, plataformas como moodle ofrecen soluciones de software libre para los entornos de aprendizaje universitarios, y es además altamente maleable e interoperable. Plataformas como NextCloud permiten generar sistemas en la nube (y facilitar además la colaboración en el manejo de documentos). Software ofimático libre como LibreOffice permite una compatibilidad razonablemente buena con formatos, tanto abiertos, como privativos, de documentos de texto. Consorcios como GÉANT pueden facilitar el establecimiento de plataformas de investigación abiertas y seguras, de la misma forma que iniciativas como eduroam promueven un marco de conectividad global a internet en todos los campus adheridos. Incluso se disponen de soluciones a sistemas operativos, como GNU/Linux (en la Unión Europea, con SuSe y openSuse a la cabeza como soluciones europeas con experiencia, así como el prometedor proyecto de EU OS). Finalmente, sería conveniente destacar los esfuerzos en materia de colaboración y datos abiertos universitarios, con el ejemplo en España del portal UniversiDATA.
En todo caso, antes de embarcarse en la aventura hacia la autonomía digital, convendría tomar ciertas consideraciones. Dado que muchas de estas acciones pasan por la aplicación de estándares de software libre, sería conveniente analizar qué ha fallado en las múltiples ocasiones en las que se han intentado implementar este tipo de soluciones en el pasado (resistencias al cambio, problemas de interoperabilidad, presión política y de las empresas…). Además, habría que evitar una lógica conservadora sobre las coincidencias actuales entre los servicios que se prestan y las necesidades de la comunidad académica que llevan a una comodidad relativa (ya que lo que hoy nos satisface, lo que hoy funciona bien, puede no hacerlo mañana). Y, en cualquier caso, evitar hacer transiciones intermedias que puedan dejar a la universidad en situaciones de mayor vulnerabilidad, tratando además de avanzar hacia pactos de Estado sobre la autonomía y soberanía digital que cuenten con un consenso político amplio.
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Julián Villodre. Profesor Ayudante Doctor en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Investigador afiliado del Lab ITGesPub (Innovación, Tecnología y Gestión Pública).
