A lo largo de las últimas dos décadas, se ha intensificado el llamamiento por la apertura del sector público, que exige a gobiernos y administraciones públicas ser más accesibles y cercanas a la ciudadanía. En gran medida, estos esfuerzos se materializan en acciones de organizaciones como la Alianza para el Gobierno Abierto, que aspiran a ejercer de motor para la consolidación de la transparencia, la participación ciudadana y la innovación pública. En España, desde el año 2013 contamos con una Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que materializa una porción de ese gran reclamo y que alude al derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos. Sin embargo, conforme las administraciones públicas han ido poniendo en manos de la ciudadanía cada vez más documentos de marcada naturaleza burocrática y técnica, se ha hecho evidente la necesidad de un nuevo derecho: el derecho a entender.
La comunicación clara surge en este contexto como una disciplina multidimensional, siendo la relacionada con el lenguaje claro la que goza de mayor popularidad al cuestionar las bases del lenguaje administrativo, un lenguaje que discrimina y convierte en un auténtico tormento el ejercicio de otros derechos por parte de la ciudadanía. Así lo indica el último informe de Prodigioso Volcán, en el que hasta un 85% de los trámites administrativos más habituales en nuestro país son difíciles de entender por el ciudadano de a pie, con efectos tan evidentes como que ayudas financiadas con recursos públicos no lleguen a solicitarse dada la complejidad del lenguaje empleado en la descripción de los procedimientos establecidos.
Esta urgencia ha supuesto la creación de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro con el respaldo de la Real Academia Española, en cuya segunda convención celebrada hace escasos dos meses se ha mostrado interés por las oportunidades y los desafíos que la inteligencia artificial (IA) puede ofrecer para fomentar este derecho. Pero este no ha sido el único acercamiento que se ha realizado a la intersección entre ambos fenómenos. Actualmente, existen diferentes herramientas basadas en algoritmos que transitan esta vía. Entre ellas destacan “arText”, desarrollado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y “Clara”, lanzado por Prodigioso Volcán, capaces de analizar un texto administrativo basándose en estándares de lenguaje claro, indicando aquellos conceptos difíciles de entender y sugiriendo potenciales modificaciones.
Potenciales usos de la Inteligencia Artificial para el fomento del lenguaje claro
En línea con lo mencionado, la IA ha abierto un nuevo abanico de posibilidades para fomentar el lenguaje claro en el contexto del sector público. A continuación, se distinguen tres modalidades de utilización que las administraciones públicas pueden explorar en el corto-medio plazo de estas iniciativas:
- Evaluación de documentos administrativos bajo estándares de lenguaje claro. En esta primera vía, la IA se puede utilizar para el análisis de contenido de documentos y trámites administrativos redactados por el personal público. Así, se propone como una estrategia preventiva que permite detectar y corregir de manera anticipada potenciales barreras de comprensión, ambigüedades terminológicas y excesos de jerga administrativa, favoreciendo la claridad y accesibilidad de los documentos y trámites antes de su difusión oficial.
- Generación de contenido escrito y visual de soporte. En una segunda vía, el personal público puede utilizar la IA como apoyo en los procesos de redacción de información oficial, bien sugiriendo potenciales cambios en aspectos específicos del lenguaje adoptado, como reformulando un texto completo de referencia. También se puede pensar en la creación de contenido de esta naturaleza en espacios de colaboración con la ciudadanía, tales como las redes sociales. Además, la IA generativa, podría expandirse a otros ámbitos de la comunicación clara, más allá de la dimensión del lenguaje, y ser empleada para diseñar elementos visuales de soporte a ese contenido, por ejemplo, mediante la generación de infografías.
- Traducción de información de naturaleza administrativa. Ahora bien, ¿y si la información ya se ha publicado y no cumple con los estándares fijados de claridad? Mientras que en las dos anteriores vías el personal público es el usuario principal de estas herramientas, aquí se pone el foco sobre la ciudadanía y su derecho a comprender toda aquella información publicada hasta la fecha por la administración. Iniciativas como chatbots o asistentes virtuales podrían ser utilizados por las personas beneficiarias de los servicios públicos para traducir el lenguaje administrativo y mejorar la comprensión de documentos y trámites oficiales.
Pero atención al bosque…
A pesar de que la utilización de la IA como herramienta de apoyo al lenguaje claro en la administración pública ofrece un notable potencial también exige una reflexión crítica sobre las condiciones en las que se está produciendo su adopción. En el caso de España, esta cuestión resulta especialmente relevante dado el contexto de elevada densidad normativa, de una tradición administrativa fuertemente procedimental y de una ciudadanía cada vez más obligada a relacionarse por vía electrónica con las organizaciones públicas.
En este escenario, sería de interés hacer uso del proyecto actual del Gobierno de España de desarrollo de modelos de lenguaje natural “ALIA” como palanca para el diseño de herramientas de lenguaje claro y su difusión a través de las diferentes instituciones del país. De lo contrario, la alternativa pasará por aprender a elaborar prompts y delegar, de facto, una función estratégica de la administración pública en la capacidad individual del personal público y de la ciudadanía para interactuar con sistemas como ChatGPT u otros modelos comerciales, planteando riesgos significativos en términos de dependencia tecnológica, protección de datos, opacidad algorítmica, sesgos en las decisiones y pérdida de control público sobre procesos clave de comunicación institucional.
Este post se ha realizado con el apoyo del Proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades “Abriendo la caja negra de la gobernanza pública mediada por algoritmos. Implicaciones de la Inteligencia Artificial en gobiernos, servicios públicos y personas (#AIPublicGov)”. Ref. PID2022-136283OB-I00, MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y FSE+.
