A lo largo de estos últimos meses hemos observado una intensificación de los debates en torno al papel que la Inteligencia Artificial (IA) debería adoptar en nuestras sociedades. Por su parte, la Unión Europea (UE) parece haber puesto punto y final a una primera etapa de conceptualización de ese sello ético de la IA que aspira caracterizar a las políticas de la región (y que lo diferencia de la filosofía de potencias como China o EEUU), y avanza hacia una segunda fase en la que está poniendo sobre la mesa propuestas de gran calado a nivel económico y, principalmente, de apoyo en la prestación de servicios públicos. En este contexto, la entrada en vigor de la Ley Europea de Inteligencia Artificial y la creación de la Oficina Europea de IA —ambas iniciativas lanzadas en 2024— han servido como antecedente para el lanzamiento sostenible de InvestIA en febrero de este año, un plan para movilizar 200.000 millones de euros en inversiones para el desarrollo de la IA en Europa, y cuya adopción se deduce para ambos sectores, el público y el privado. En España, por ejemplo, el lanzamiento de ALIA, la primera infraestructura pública, abierta y multilingüe de IA en Europa, ya ha generado grandes expectativas sobre el horizonte de implementación de estas nuevas tecnologías en la administración pública de nuestro país.
Ahora bien, ¿qué organismos de la UE tienen la misión de dar seguimiento y difusión a la utilización que gobiernos y administraciones de la región hacen (y harán) de la IA en la provisión de servicios públicos? La Comisión Europea ha dado salida a dos iniciativas que actúan a modo de bitácora digital y que es imprescindible mantener en el radar: el Observatorio Europeo de IA (AI WATCH, por sus siglas en inglés), por un lado, y el Public Sector Tech Watch, por otro. Aunque éste segundo profundiza en diferentes contenidos y acciones de promoción y fortalecimiento de la gobernanza pública, en realidad, el potencial de ambos para el mapeo de buenas prácticas de implementación de IA es alto, al disponer de diferentes herramientas y repositorios de datos para el monitoreo de tendencias en la adopción de IA por parte de gobiernos y administraciones públicas.
El caso de los chatbots o asistentes virtuales en la Unión Europea. Datos preliminares
De acuerdo con una reciente investigación, la intersección entre administración pública e IA se puede observar en tres niveles diferenciados: nivel macro (estrategias), nivel meso (organizaciones) y nivel micro (personas). En este sentido, desde ambos observatorios es posible identificar una tendencia hacia la publicidad de casos que obedecen a las tecnologías ubicadas en este tercer nivel “micro”, donde la ciudadanía y el personal público tienen una interacción directa con la IA. Un ejemplo preciso de ello (y quizá el que goza de mayor popularidad hoy en día) se refiere a la utilización de chatbots o asistentes virtuales por parte de diferentes gobiernos y administraciones, con la finalidad de fortalecer la provisión de información pública y la realización de trámites electrónicos.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Observatorio Europeo de IA (disponibles aquí), que recopilan un total de 62 iniciativas de implementación de chatbots en el sector público (de un total de 686 casos), hemos observado las siguientes tendencias de implementación. Los países de la región que reportan una mayor utilización de chatbots son Finlandia (17,74%), Italia (12,90%), Estonia (8,06%), Letonia (8,06%) y Francia (6,45%). Por su parte, la cobertura geográfica del servicio de estas iniciativas abarca, principalmente, los niveles nacionales (51,61%) y local (29,03%) de administración, aunque también se reportan experiencias a nivel regional (14,52%) e internacional (4,84%). En última instancia, las áreas de política pública de mayor aplicación de estos asistentes virtuales son las relativas al ámbito jurídico y fiscal (30,65%), servicios generales y multi-área (17,40%), sanidad pública (12,90%) y de comunicación pública (6,45%).
Una cuestión relevante que está presente en ambos observatorios es el potencial de los chatbots para el fortalecimiento de la prestación del servicio público por parte de la administración. En este sentido, un 93,55% de los asistentes virtuales identificados han reportado una mejora en al menos uno de los aspectos en los que se categoriza la idea de servicio público. Entre ellos, encontramos una mejora en la personalización de la prestación del servicio público (9,68%), la consecución de una lógica de orientación a la ciudadanía (58,06%), acompañada de un aumento en la calidad de la información pública (27,42%), que manifiesta un aumento en la eficiencia de la actuación administrativa (64,52%), además de erigirse como innovaciones (29,03%) en el seno de la organización en la que se han implementado.
Nuevas vías para la identificación y análisis de buenas prácticas en la UE
A pesar del potencial del AI WATCH y del Public Sector Watch para el mapeo de iniciativas de IA, en general, y de chatbots, en particular, surgen cuestiones que debemos plantear relacionadas con la sistematicidad en la identificación de buenas prácticas o casos relevantes de implementación. Aquí, se hace necesario reforzar la colaboración entre diferentes agencias públicas clave a nivel nacional en los países miembros de la UE de cara a mejorar la promoción de las diferentes prácticas. Si bien los datos actuales que se reportan en ambos observatorios son de interés preliminar, será necesario articular espacios que aúnen estas prácticas de una manera más sistemática. Especialmente, teniendo en cuenta el contexto de inversión económica actual por parte de la UE y la necesidad de generar mecanismos de transparencia externa con respecto a qué organizaciones públicas utilizan IA, en qué servicios públicos y de qué manera.
Por otro lado, respecto al análisis del contenido de estos espacios de datos, el hecho de categorizar todas las iniciativas de IA bajo un paraguas de dimensiones común y preestablecido puede ser contraproducente en determinados casos. En esta entrada de blog hemos abordado los chatbots como una ejemplificación, entre otras, de cómo la IA se puede utilizar en el contexto del sector público. Sin embargo, no todas las aplicaciones de IA se producen en el mismo escenario. Por ejemplo, las particularidades de una herramienta basada en IA que utiliza la ciudadanía para interactuar con su administración son muy diferentes de aquélla que utiliza una administración pública para entrenar los sensores que, más tarde, dispensará en su localización con el fin de detectar una irrupción determinada en el ambiente. De esta manera, y orientando el debate hacia el caso que nos ocupa —la implementación de chatbots— se hará necesario reflexionar en torno a dimensiones relacionadas con cómo se van a encajar en la estructura de la administración pública, quiénes van a ser los actores con los que interactúe, cuál va a ser su principal función de servicio público, qué nivel de complejidad tecnológica va a requerirse y de qué manera se va a llevar a cabo su gestión.
Carlos Jiménez Cid, Investigador predoctoral. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y miembro del Lab IT_GesPub (Innovación, Tecnología y Gestión Pública), Universidad Autónoma de Madrid.
Este post se ha realizado con el apoyo del Proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades “Abriendo la caja negra de la gobernanza pública mediada por algoritmos. Implicaciones de la Inteligencia Artificial en gobiernos, servicios públicos y personas (#AIPublicGov)”. Ref. PID2022-136283OB-I00, MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y FSE+.
