Las burocracias públicas son el principal instrumento de los gobiernos para llevar a cabo sus programas. Pero ¿qué ocurre cuando estos programas incluyen políticas que erosionan los valores democráticos que la Administración Pública debería proteger? Esta es la pregunta central de ILLADMIN, un proyecto ERC Starting Grant liderado por Guillem Ripoll en la Universidad Pública de Navarra, que estudia el comportamiento administrativo iliberal: la implementación de políticas anti-plurales o anti-institucionales.
Las políticas anti-plurales son aquellas que promueven la homogeneidad del grupo en el poder y reducen el espacio para el disenso. Las anti-institucionales son las que rechazan o debilitan los mecanismos de separación y supervisión del poder. Los ejemplos son más cercanos de lo que puede parecer: el Tribunal Constitucional húngaro fue despojado de competencias sobre asuntos fiscales; el ayuntamiento de Budapest elevó drásticamente el umbral de revisión parlamentaria de transacciones financieras para evitar el escrutinio de la oposición. En distintos contextos —Rusia, Venezuela, Turquía— burocracias enteras han implementado agendas iliberales. Pero el fenómeno no se limita a las democracias más deterioradas: la investigación disponible sugiere que un número significativo del personal público, incluso en sistemas consolidados, no se opondría a la implementación de este tipo de políticas.
¿Qué explica el comportamiento iliberal de los funcionarios?
ILLADMIN parte de la constatación de que la literatura sobre administración pública ha tendido a centrarse en las condiciones que llevan a los funcionarios a resistir las demandas iliberales, ignorando en buena medida a quienes las cumplen o facilitan activamente. El proyecto invierte esa mirada y analiza los determinantes del comportamiento iliberal en tres niveles: el individuo, el partido gobernante y la propia administración. En cada uno de ellos identifica factores que pueden favorecer o frenar la implementación de políticas iliberales, como las actitudes populistas de los funcionarios, el liderazgo autocrático del partido en el poder, o el grado de politización de la burocracia.
Para estudiar estos factores, el proyecto recogerá datos sobre las percepciones del personal público en más de 10 países de tradiciones administrativas distintas —germánica, napoleónica, poscomunista, latinoamericana y asiática—, combinando democracias liberales e iliberales. Se trata de un gran esfuerzo de recogida comparada de datos sobre personal público que combinará diseños de encuestas y experimentos.
La innovación como nuevo vector de iliberalismo
El iliberalismo no llega siempre de forma abrupta ni fácilmente reconocible. A menudo se instala de manera gradual, a través de cambios normativos o tecnológicos que, en apariencia, tienen una justificación legítima. En este sentido, la digitalización de la administración pública —habitualmente presentada como sinónimo de modernización y eficiencia— puede convertirse, si no se gestiona con las garantías adecuadas, en un instrumento al servicio de prácticas iliberales.
El trabajo reciente de Seraphine Maerz lo ilustra con claridad. A partir del análisis de 115 democracias entre 2000 y 2023, Maerz muestra que prácticas de autoritarismo digital como la difusión oficial de desinformación, el abuso de leyes de difamación, la vigilancia de redes sociales o los cortes de internet tienen efectos negativos sobre la rendición de cuentas, las libertades civiles y la libertad de expresión, incluso cuando se aplican con baja intensidad y en contextos formalmente democráticos. Dicho de otro modo: no hace falta un régimen abiertamente autoritario para que la tecnología dañe la democracia.
Este hallazgo conecta directamente con la agenda de ILLADMIN. La digitalización de la administración puede favorecer prácticas iliberales de formas que no siempre son fáciles de identificar: un sistema de vigilancia digital puesto en marcha sin cuestionar su impacto sobre los derechos ciudadanos, una plataforma de gestión de datos personales sin garantías suficientes de privacidad, o algoritmos de moderación de contenidos aplicados de forma arbitraria. En todos estos casos, el personal público juega un papel clave: son quienes, en última instancia, implementan estas herramientas. Por eso la pregunta que plantea ILLADMIN es más relevante que nunca: ¿qué lleva al personal público a aplicar este tipo de medidas sin cuestionarlas, y qué podemos hacer para evitarlo?
Irene Liarte, Investigadora Postdoctoral, Departamento de Economía, Universidad Pública de Navarra.
Este post se ha realizado en el marco del proyecto ILLADMIN, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) a través de una ERC Starting Grant.
The author disclosed receipt of the following financial support for the research, authorship, and/or publication of this article: This research has received funding from the European Union (ERC Starting Grant 101162094 ILLADMIN). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
La imagen de encabezado fue generada por la inteligencia artificial de openai.
