Personal público vs IA: el reto competencial que la Unión Europea no puede ignorar

La imagen representa a una funcionaria pública haciendo un pulso con un robot humanoide.

La transformación digital de las administraciones públicas que implica la inteligencia artificial (IA) no se juega únicamente en los servidores ni en los algoritmos. Se juega, sobre todo, en las personas que los gestionan. Por más sofisticada que sea una herramienta de IA, su valor real depende en última instancia de la capacidad del profesional que la interpreta, la supervisa y la integra en procesos de decisión con consecuencias directas sobre el servicio que presta a la ciudadanía. Esta premisa, que parece evidente, choca con una realidad incómoda: en buena parte de los países de la Unión Europea (UE), las competencias digitales del personal público en materia de IA siguen siendo insuficientes, fragmentarias y escasamente evaluadas.

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Publicación de la obra colectiva “La adopción de la inteligencia artificial en las Administraciones Públicas”

El pasado lunes 2 de febrero se publicó oficialmente una obra colectiva muy relevante para el Lab #ITGesPub y que da cuenta de la variedad de enfoques sobre  la intersección entre nuevas tecnologías y sector público. Se trata del libro titulado “La adopción de la inteligencia artificial en las administraciones públicas”, publicado en la librería del Instituto Nacional de Administración Pública (disponible en formato físico y en descarga libre), co-editado por J. Ignacio Criado, Julián Villodre y Manuel Pedro Rodríguez Bolívar.

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Traducir la burocracia: La aplicación de IA para el fomento del lenguaje claro

Un robot y un humano se tienden las manos y comparten documentos e ideas.

En España, desde el año 2013 contamos con una Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que materializa una porción de ese gran reclamo y que alude al derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos. Sin embargo, conforme las administraciones públicas han ido poniendo en manos de la ciudadanía cada vez más documentos de marcada naturaleza burocrática y técnica, se ha hecho evidente la necesidad de un nuevo derecho: el derecho a entender.

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