Con el anuncio de una inminente llegada de las vacunas para la COVID-19 vemos una luz para salir del túnel en el que nos sumergió la pandemia. El cansancio personal y social con las restricciones sobre nuestro modo de vida y los costes humanos que hemos pagado han hecho mella en nuestra relación con la gestión pública.
Más allá de las cuestiones de polarización política, hay una enorme carga sobre las personas dada la disrupción en las formas habituales de relacionamiento, la sobrevenida necesidad de adaptación del empleo y de los sistemas de trabajo, la precarización de muchos a cuenta de la crisis económica y una recarga de la mal resuelta responsabilidad de los cuidados.
La crisis sanitaria es un golpe más que remueve los cimientos de endebles consensos que durante años han sostenido el modelo económico y de gobernanza occidental. Los otros golpes ya los había dado el desgaste del proceso de globalización, el asenso de objetores a los grandes consensos eurocéntricos del desarrollo social y, en especial, la crisis ambiental.
Por suerte, aunque las ideas y los líderes se tambalean, hay instituciones e instrumentos que resisten con renovada lozanía. En un tiempo tan difícil, hablar sobre la construcción de la agenda pública, el problema de la asignación de los recursos, de transparencia, de toma de decisiones basada en la evidencia, de innovación pública es obligado.
Europa ha sido duramente castigada en términos humanos en este año. Sin embargo, habremos de reconocer que pertenecer a este selecto club, a pesar de su incompletitud, permite el acceso a unos sistemas de financiación de la salida de la crisis que la mayoría de los países del mundo no tiene. En ese sentido y dada su capacidad para disponer de fondos extraordinarios, Europa va a ser un laboratorio de la política pública en contextos democráticos en los próximos años.
Los fondos europeos para la reactivación económica no solo son un desafío para los gestores sino una inflexión en términos de impacto de la política pública. Obviamente esta inflexión solo estará completa si se entiende que implica una total adhesión a la lucha contra el cambio climático y la transformación del modelo energético.
En este marco surge una pregunta: ¿Cómo aprovechar estos recursos para reconstruir la debilitada relación entre ciudadanos y Estados? Evidentemente no es una cuestión solo de gasto público como si fuera un desfibrilador al uso. Más aun, acercando la cuestión, habremos de preguntarnos si está preparada España para emprender los desafíos de una transformación cuya ocasión se antoja única.
A España no le faltan recursos para emprender ese proceso. Los desafíos institucionales de la democracia y el modelo estatal son mayores, asimismo el peso de la desigualdad, pero también cuenta con sendas fortalezas. Un sistema funcionarial consolidado, un gran y profesional recurso humano, instituciones fuertes, un acervo internacionalmente reconocido en el análisis de las políticas públicas y un nivel alto de arraigo democrático. A lo que se suma coyunturalmente lo que normalmente escasea, financiación y voluntad/obligación política.
El desafío es enorme pero el país cuenta con bases para participar exitosamente en el laboratorio de la transformación de las políticas públicas. Por eso, más allá de la complejidad técnica y burocrática de la gestión de “los fondos”, es importante, entre otras cosas, incentivar un amplio diálogo de actores formados e informados que presione y transfiera innovación a los tomadores de decisión y a los representantes ciudadanos. La creación de grupos de expertos/as vinculados a las diferentes áreas del ejecutivo es positiva, sin embargo, hay que dar un paso más para que el diálogo pase de los salones oficiales hacia la esfera pública y sobreviva más allá de los titulares pomposos en la prensa.
Como profesora, me encantaría ver a nuestros jóvenes formándose en políticas, sociología o economía cruzar las puertas de los organismos públicos de todos los niveles para ver su funcionamiento, acceder a los debates, ser incentivados a proponer. Como ciudadana, también me gustarían medios de comunicación más capaces de entender e informar la complejidad y los desafíos de la gestión pública más allá del debate agonista de la política.
Este trascender a las dependencias oficiales requiere también forzar los mecanismos de innovación institucional. La cultura institucional pública española tiene una fortaleza en su profesionalización y una debilidad en su ensimismamiento. La propia relación entre políticos y burócratas flaquea en materia de sistemas para transformar la experiencia en evidencia y ésta en apoyo a las decisiones políticas.
Este es el caso de la evaluación de políticas públicas. Desde la prematura muerte de la AEVAL la evaluación ha perdido aún más lustre e impulso. No porque se haya abandonado del todo, la AIREF, estamento idóneo para esta labor, recogió el testigo y sus resultados son notables, también hay experiencias relevantes a nivel autonómico y local. Sin embargo, son limitados, tanto por el alcance de sus “sujetos de evaluación” como por la falta de una interiorización de una demanda política y ciudadana de análisis de impacto y de rendición de cuentas integral.
Llama la atención que en un escenario donde la comunicación política ha ganado tanto protagonismo, la apuesta por construir argumentarios fundamentados en los principios del análisis de políticas publicas, y en especial de la evaluación de éstas, sea tan débil.
En una coyuntura no sobra ningún recurso para apelar a una renovación del pacto entre ciudadanos y estado, entre individuo y sociedad, y entre seres humanos y entorno ecológico.
Ni la confianza, ni las sociedades informadas, ni la democracia de calidad se reproducen por esporas, se siembran y se fertilizan. Si tenemos ante nosotros una oportunidad única, si hay una obligación de transformar, hemos de ser actores de un diálogo entre agentes maduros, abandonar la retórica, poniendo sobre la mesa evidencia y afrontando su peso.
Esto supone, entre otras cosas: abrir los procesos y estructuras de toma de decisiones, comunicarlas, justificarlas; dar agencia y representación a los implicados en los procesos y las transformaciones, y sobre todo, abrirse a la presentación, examen, revisión y aprendizaje de la experiencia. Es un deber democrático y un imperativo técnico.
Innovar no es solo cuestión de crear cosas nuevas, es también la capacidad de mejorar los procesos existentes y de hacer socialmente necesarios los avances. La gestión de la salida a la pandemia tiene que ser justamente el proceso en el cual como sociedad abracemos el avance, en el que conceptos como digitalización, transformación energética, sostenibilidad y desarrollo no sirvan solo para adornar discursos sino para transformar realidades efectiva y eficazmente.
Erika Rodríguez Pinzón. Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de sociología del desarrollo internacional en la Universidad Complutense de Madrid.
