La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene lugar este mes de noviembre en Glasgow con el objetivo de reunir a los principales actores para acelerar la acción hacia los objetivos del Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre las autoridades españolas que han asistido se encuentran, además del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En concreto, esta última ha participado, junto con el edil londinense, Sadiq Khan, como representante de la red C40, una red de alcaldes a nivel internacional que colaboran en la toma de medidas para la acción climática.
La presencia en esta cumbre de líderes de niveles subregionales de gobierno, como el local, no es casualidad. La ciudad, como unidad de gobierno, es cada vez más grande, compleja e importante. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2008 más del 50% de la población mundial, 3.300 millones de personas, vivían en zonas urbanas. Para 2030 se espera que esta cifra aumente a 5.000 millones. Con este rápido aumento de la población urbana, las ciudades se enfrentan a una serie de riesgos, preocupaciones y problemas; por ejemplo, riesgos físicos como el deterioro de las condiciones del aire y el transporte, y riesgos económicos como el desempleo. El ritmo de crecimiento urbano sin precedentes hace que sea urgente encontrar formas más inteligentes de gestionar los retos que lo acompañan.
En concreto, las ciudades cada vez juegan un papel más importante en la adaptación y mitigación al cambio climático. A pesar de las dificultades inherentes a la gestión de un gran número de habitantes, cuentan con numerosas ventajas a la hora de innovar en la solución de problemas públicos de gran complejidad. En primer lugar, las organizaciones locales, especialmente las de mayor tamaño, suelen disponer de recursos tanto internos como externos. Es decir, cuentan con un mayor número de empleados públicos, normalmente, con un nivel de especialización alto en comparación con organizaciones más pequeñas, y además suelen disponer de mayores recursos financieros y tecnológicos. Por otro lado, muchas ciudades se han convertido en entornos atractivos para la inversión privada, por lo que el dinamismo y las posibilidades que ofrecen para la colaboración es notable.
Sin duda, la desigualdad entre territorios ha ido en aumento, pero muchas ciudades se han convertido en motores para la innovación y la competitividad, en núcleos de pensamiento y creación artística…, donde tienen lugar encuentros que en otros entornos serían impensables.
Además, los líderes locales cuentan con grandes incentivos reputacionales para la consecución de políticas públicas innovadoras. Debido a la alta visibilidad que pueden alcanzar determinados alcaldes, su posicionamiento como impulsores de la innovación y la sostenibilidad ambiental puede llegar a tener una gran repercusión.
Las TIC y las ciudades inteligentes
La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los ámbitos no ha hecho más que acelerar este proceso. Las TIC permiten la interacción remota entre individuos, la monitorización en tiempo real o la gestión y análisis de enormes cantidades de datos.
Todos estos cambios han venido acompañados a su vez de estrategias para mejorar la capacidad para gobernar las ciudades. Las denominadas estrategias de “ciudades inteligentes” (“smart cities”) pueden considerarse una rama fundamental de estas reformas en la gobernanza. Gran parte del debate sobre las ciudades inteligentes se ha centrado en el potencial de las TIC para abordar estos problemas complejos y en la mejora de la gobernanza de las ciudades.
Aunque no existe un consenso general sobre el concepto de «ciudad inteligente», en su esencia la idea se basa en la creación y conexión del capital humano, el capital social y la infraestructura de las TIC para generar un mayor y más sostenible desarrollo económico y una mejor calidad de vida.
Sin embargo, la adopción de «tecnologías inteligentes» en sí misma no se traducirá fácilmente en la obtención del impacto deseado. Estas políticas enfocadas a la solución de problemas públicos, en numerosas ocasiones, han de superar un problema de acción colectiva para que sean eficaces. Las políticas públicas producen beneficios colectivos de los cuales no suele ser sencillo excluir a individuos “oportunistas” (“free riders”), que a pesar de no cooperar en la solución del problema disfrutan de sus beneficios. Esta situación produce un incentivo perverso para la no colaboración y el beneficio individual en el corto plazo. Además, si todos los participantes adoptan una actitud “oportunista”, es decir, deciden “to free-ride”, el beneficio colectivo no se producirá.
Este problema puede gestionarse con la generación de confianza, tanto a nivel institucional como a nivel social (es decir, entre los propios ciudadanos), pero especialmente, se ha demostrado que la participación de los principales actores implicados en la elaboración y gestión de las políticas públicas, además de dotarlas de legitimidad, fomenta el compromiso y puede garantizar su cumplimiento, y por tanto minimizar los comportamientos oportunistas.
El concepto de smart city engloba esta visión, combinando componentes tecnológicos, institucionales y humanos para lograr ciudades más sostenibles y habitables, sin dejar de lado el desarrollo económico. Un reto ambicioso que además de necesitar de soluciones inteligentes, requiere de una elevada capacidad de innovación. En tiempos de incertidumbre y ajustes presupuestarios, y con la proliferación de problemas complejos e ingobernables, la innovación pública promete cerrar la brecha entre las ambiciones oficiales de gobernanza y el rendimiento real de los servicios públicos.
Sin embargo, para su éxito, estas iniciativas no requieren únicamente de una gran infraestructura tecnológica. Necesitamos instituciones de calidad capaces de generar confianza, bienestar y actuar imparcialmente, fomentando la participación para que las políticas más ambiciosas no se queden en simples eslóganes y logren ayudarnos en la gestión de los grandes problemas de nuestro tiempo.
Irene Liarte. Candidata a doctora, Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid.
