Personal público vs IA: el reto competencial que la Unión Europea no puede ignorar

La imagen representa a una funcionaria pública haciendo un pulso con un robot humanoide.

La transformación digital de las administraciones públicas que implica la inteligencia artificial (IA) no se juega únicamente en los servidores ni en los algoritmos. Se juega, sobre todo, en las personas que los gestionan. Por más sofisticada que sea una herramienta de IA, su valor real depende en última instancia de la capacidad del profesional que la interpreta, la supervisa y la integra en procesos de decisión con consecuencias directas sobre el servicio que presta a la ciudadanía. Esta premisa, que parece evidente, choca con una realidad incómoda: en buena parte de los países de la Unión Europea (UE), las competencias digitales del personal público en materia de IA siguen siendo insuficientes, fragmentarias y escasamente evaluadas.

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Implicaciones y tendencias de la Inteligencia Artificial Urbana

Mapa urbano de servicios de IA

El momento en que la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) debía alcanzar de lleno a la gobernanza de las ciudades ha llegado. Si bien durante los últimos años la gran mayoría de los esfuerzos para orientar, promover e, incluso implantar los sistemas de IA se han centrado en la actividad de gobiernos y administraciones públicas a nivel nacional (tal y como se plantea aquí) o internacional, no es menos cierto que la progresiva socialización de estas tecnologías ha derivado en una creciente presencia en lo local, confluyendo en la noción de IA Urbana (Urban AI).

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Traducir la burocracia: La aplicación de IA para el fomento del lenguaje claro

Un robot y un humano se tienden las manos y comparten documentos e ideas.

En España, desde el año 2013 contamos con una Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que materializa una porción de ese gran reclamo y que alude al derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos. Sin embargo, conforme las administraciones públicas han ido poniendo en manos de la ciudadanía cada vez más documentos de marcada naturaleza burocrática y técnica, se ha hecho evidente la necesidad de un nuevo derecho: el derecho a entender.

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