La Unión Europea (UE) se adentró en el siglo XXI de la mano de la Estrategia de Lisboa, alumbrada bajo la presidencia portuguesa en el primer semestre de 2000. Se entendió entonces que uno de los pilares, entre otros, sobre los que construir el futuro de una UE más competitiva, dinámica y basada en el conocimiento debía incluir “Una sociedad de la información para todos” (Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, 24 y 24 de marzo de 2000).
Durante veinte años, la incorporación creciente de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los diferentes ámbitos de la vida humana ha marcado los avances en nuestra sociedad, pero también en nuestra economía, cultura, política, etc. Particularmente, la creciente digitalización del sector público ha sido uno de los temas que ha generado más interés en diferentes estrategias europeas, dando origen a un aprovechamiento creciente de las TIC en distintos ámbitos. Ahora, además de sostener que esta es la década digital, este proceso ha adquirido trazas diferentes en la UE, sobre todo con las renovadas demandas ciudadanas de apertura y colaboración en los asuntos públicos, así como la revolución 4.0 empujada por las nuevas tecnologías algorítmicas relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial. De ahí la importancia de que las políticas públicas de digitalización del sector público o Administración Digital (AD) se diseñen a partir del conocimiento sobre las claves para su éxito.
Desde el cambio de siglo, la definición de AD resulta más o menos compartida, si bien ha evolucionado con el tiempo. De forma resumida, la AD se entendía inicialmente como la incorporación, utilización y uso de las TIC en el ámbito de gobiernos y administraciones públicas, junto con los procesos institucionales de cambio necesarios, para mejorar (i) los servicios públicos, (ii) la adopción de decisiones públicas o (iii) la implantación de las políticas públicas. Si bien es una visión probablemente limitada por su extensión, ha permitido enfocar las políticas de AD en los aspectos más relevantes del proceso político e institucional. Al mismo tiempo, se ha ido ampliando el foco de la AD por su creciente impacto a nivel económico, social, cultural, e incluso ético. Estas inquietudes han estado presentes también en nuestro contexto.
El desarrollo de la AD también se ha ido materializando en esas esferas dentro del sector público español. Primero, las TIC han logrado un aumento notable en la digitalización de procesos administrativos (la Agencia Tributaria siempre ha sido un buen modelo, aunque también han funcionado otras islas de innovación) en diferentes ámbitos de prestación de servicio público. Segundo, las TIC han facilitado la progresiva incorporación de percepciones ciudadanas en las dinámicas de adopción de decisiones públicas, por ejemplo, mediante la participación en procesos de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales o la escucha inteligente facilitada por las redes sociales. Tercero, las TIC han dado cauce a la más reciente colaboración con la ciudadanía en la implementación de políticas y servicios públicos, quizá con los laboratorios ciudadanos como caso más notorio de experimentación compartida para resolver problemas colectivos, y usando también entornos digitales de generación de ideas o a través de plataformas digitales de colaboración.
Factores para una buena institucionalización de la digitalización
Por tanto, ¿qué deberíamos hacer de cara al futuro para aprovechar lo positivo de nuestras políticas públicas de AD y superar las limitaciones existentes? En parte, la respuesta pretende ser contenida en dos documentos de política clave: Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. El primero (Agenda España Digital 2025) conecta la transformación digital de España a la llamada cuarta revolución industrial centrada en tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, big data, 5G o la computación cuántica, dentro de un enfoque que tiene en cuenta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El segundo (Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025) se orienta a materializar lo anterior desde y en el sector público, con una notable orientación en los contenidos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 11), sobre la base de tres ejes (y diecisiete medidas): (1) transformación digital de la AGE; (2) proyectos de alto impacto en la digitalización del sector público; y (3) transformación digital y modernización del ministerio de función pública, comunidades autónomas y entidades locales. La definición de las líneas de actuación también resulta coherente con algunos de los temas esenciales, tales como la orientación a la ciudadanía, la automatización inteligente de procesos, la transparencia y políticas basadas en datos, los entornos digitales líquidos y la ciberseguridad. A ello se unen los clásicos proyectos de alto impacto, que no han terminado de fraguarse durante los años anteriores, especialmente, en áreas clave de justicia, salud, seguridad social, empleo, administración exterior o colaboración con otros niveles administrativos.
Por tanto, si la hoja de ruta está ahí, ¿qué nos faltaría para convertir este plan en realidad? La respuesta tiene que ver con los grandes desafíos de futuro de la digitalización del sector público. Además de disponer de una planificación estratégica, es necesario voluntad política y capacidad de gobernanza para llevarla a la práctica, sobre todo, priorizando una serie de palancas clave. Desde la perspectiva de la gobernanza de la AD en España, un factor facilitador (pero también un posible cuello de botella) se encuentra en los fondos de recuperación europeos Next Generation, cuya orientación a la digitalización, incluyendo una gran cantidad de proyectos dentro del sector público, pondrá en tensión las capacidades de gestión de la Secretaría General de Administración Digital, ahora transformada en Agencia Estatal de Administración Digital (mediante la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022).
En definitiva, el factor clave de la gobernanza de la política de AD es esencial, de manera que está por ver en qué medida este cambio supone un refuerzo del músculo humano y financiero, pero también de la capacidad de inteligencia para la coordinación y control de los datos y proyectos a implementar en el conjunto de las administraciones públicas. Ahora se dispone de todo el arsenal organizativo para que quienes lideran la digitalización puedan promover una implementación adecuada de los proyectos comprometidos. Lo anterior no será posible sin tener en cuenta otras palancas clave de la política pública de AD en España. A modo de resumen:
- El gobierno de los datos públicos como dimensión estratégica para lograr una gobernanza inteligente. Junto con su vertiente económica, la gobernanza de los datos resulta un factor clave para generar valor público, sobre todo, en un contexto cada vez más diverso y con problemas colectivos altamente complejos.
- La articulación de un modelo de identidad digital de la ciudadanía en su relación con gobiernos y administraciones públicas, así como con el resto de actores públicos y privados.
- La facilidad de uso de los servicios digitales, que debe ser una auténtica realidad para evitar desigualdades. Al margen de los problemas de alfabetización digital existentes en cualquier sociedad, no deja de ser cierto que los problemas en el diseño de los servicios públicos digitales siguen estando muy presentes, sobre todo, para algunos colectivos.
- La atención a la ciberseguridad en un contexto de completa digitalización. La protección de las personas vulnerables es esencial, así como la garantía de que las infraestructuras básicas del Estado también quedan fuera de los riesgos de un inestable contexto global digitalizado.
- Una adecuada coordinación entre el conjunto de las administraciones públicas del Estado, es decir, la interoperabilidad tanto dentro de la AGE como en el conjunto del sector público autonómico y local, en línea con la estrategia europea.
- El alineamiento con las oportunidades de la cuarta revolución industrial. La digitalización basada en una burocracia algorítmica y sistemas de inteligencia artificial supone muchos retos, pero también una clara oportunidad para los países que lideren estos procesos.
En ningún momento previo la política de AD había llegado a ser tan importante para nuestra vida colectiva. Aprovechemos la oportunidad para ganar un futuro que se muestra incierto, a la par que abierto a nuevas preocupaciones sociales conectadas con una globalización inclusiva y una digitalización sostenible.
J. Ignacio Criado. Profesor de Ciencia Política y de la Administración. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Director, Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública (ITGesPub), Grupo de Investigación, Universidad Autónoma de Madrid.
